En este sentido, el CERMI recuerda en este Día la violencia sufrida por miles de mujeres en nuestro país, en la Unión Europea y en todo el mundo, y, sobre todo, a aquéllas que no cuentan con los recursos necesarios para reconocerla y denunciarla por su falta de acceso a la justicia, como les sucede a muchas de ellas.

 

Asimismo, advierte de la existencia de formas agravadas de violencia contra la mujer que persisten en nuestra sociedad entre quienes padecen una situación “gravemente desfavorable” por la concurrencia de factores de exclusión social, como la discapacidad, la pobreza y el desempleo, sin que se tomen medidas al respecto.

 

En este sentido, subraya la toma de conocimiento sobre la violencia sufrida por madres que se enfrentan solas a no pocas situaciones de abandono familiar de sus cónyuges ante el nacimiento de niñas o niños con discapacidad, o cuando ellas o sus hijas e hijos la adquieren posteriormente, provocando una discriminación estructural, “ante la que la madre difícilmente podrá sobreponerse, si no cuenta con los apoyos y ayudas necesarias para ello”.

 

Por ello, el CERMI denuncia en su manifiesto como “máxima violencia” la que sufren, día a día, muchas madres con discapacidad, a las que se les amenaza continuamente con la retirada de sus hijas e hijos por sus entornos cercanos, o a las que se les niega su derecho de ser madres y cuidar de éstos, en igualdad de condiciones con otras madres, especialmente, por sentencias judiciales ante situaciones de separación o divorcio, lo que “ocasiona un irreparable sufrimiento vital para ellas, pero también para sus hijas e hijos”.

 

En esta línea, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el CERMI exige que se adopten las medidas de apoyo necesarias para garantizar el pleno ejercicio de la maternidad de las mujeres con discapacidad, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), tratados de Naciones Unidas, ratificados y firmados por España y, por tanto, de obligado cumplimiento en nuestro país.

 

También pide la revisión y consiguiente modificación de la legislación discriminatoria vigente hacia las mujeres con discapacidad en lo que respecta a su maternidad, incluidas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social y educativo; sobre todo, en el caso de los derechos a la custodia de hijas e hijos en caso de separación o divorcio, adopción, acogida familiar y de otras formas de paternidad y maternidad sociales. 

 

Otra de las reivindicaciones que expresa es la “formación urgente” de jueces y de fiscales en relación con los principios y mandatos de la Convención de la ONU con perspectiva de género; en particular, en lo relativo al derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad y, por ende, a la responsabilidad de criar a sus hijos e hijas respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción, o instituciones análogas, sin que la discapacidad sirva como pretexto para la retirada de estas responsabilidades.

 

Asimismo, demanda que se asegure el acceso a la justicia sea efectivo y accesible para todas las madres con discapacidad y durante todas las fases del proceso judicial; al mismo tiempo que, en su opinión, debe ser accesible para ellas toda la información y todos los procesos de comunicación relativos a los derechos legales, la asistencia jurídica y los procedimientos judiciales, proporcionándoseles servicios de interpretación en lengua de signos o servicios de apoyo a la comunicación, además de toda la documentación requerida en formatos de lectura fácil y en otros formatos alternativos, incluidos el braille.

 

Además, exige la garantía de un nivel adecuado de protección social no sólo para las madres con discapacidad, sino también para las madres de personas con discapacidad, ante la violencia que puedan sufrir por el abandono de sus cónyuges y la imposibilidad de desarrollar una actividad laboral por la dedicación al cuidado de sus hijos e hijas.

 

Por otra parte, reclama el impulso de medidas de acción positiva para fomentar la contratación y la retención de empleo de las madres con discapacidad y las madres de personas con discapacidad, buscando la conciliación entre la vida laboral y la personal mediante medidas efectivas que tengan en cuenta las circunstancias específicas, incluidas los costes extraordinarios de la discapacidad en el cuidado de hijos e hijas.

 

Y, por último, reivindica que se tome en consideración todas estas circunstancias en la tramitación del Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio.